Este 17 de septiembre se presentará el informe que analiza la inconstitucionalidad del Proyecto de Ley N° 07579/2023-CR. Este proyecto, impulsado por la congresista Milagros Jáuregui, busca que madres y padres puedan excluir a sus hijos e hijas de los contenidos de Educación Sexual Integral (ESI), un derecho humano reconocido internacionalmente y que es fundamental para prevenir cualquier tipo de violencia. Advierten que Proyecto de Ley perpetuaría la violencia sexual al proponer obstaculizar la Educación Sexual Integral.
Según el informe, esta propuesta no solo contraviene la Constitución peruana, sino también los tratados internacionales suscritos por el Estado. La Convención de los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos obligan a Perú a garantizar la educación sexual integral. De hecho, una de las recomendaciones en el dictamen del caso “Camila vs Perú”, ha sido garantizar la ESI como una forma de prevención de la violencia contra las infancias.
Anuncio: Advierten que Proyecto de Ley perpetuaría la violencia sexual al proponer obstaculizar la Educación Sexual Integral
Victoria Solís, abogada y autora del informe, advierte que este proyecto de ley “amenaza con violar el Estado Laico y el interés superior del niño y la niña; es decir, dos de los principios más importantes en nuestro Estado de Derechos. Se les privaría de su derecho fundamental a la educación sexual integral en las escuelas, con todos los costos e impactos negativos que esto conlleva, por la sola decisión y creencias religiosas de sus padres y madres”.
- Informe técnico legal concluye que el PL 7579 desprotege a niños y niñas frente a la violencia sexual y el embarazo adolescente en el país, violando el principio del Estado Laico y el Interés superior de la infancia.
- Mediante la campaña “Derechos sin Retrocesos”, defensores de derechos humanos alzan su voz ante la desprotección y exigen que se garantice la ESI como un derecho fundamental y se implemente.
La situación es alarmante. En Condorcanqui, más de 524 estudiantes han sido víctimas de violencia sexual y muchos de ellos contagiados con VIH por sus propios docentes. Así también, en Bagua, la tortura a niños para “corregir” su identidad sexual evidencia una realidad de violencia sistemática. Ante esta situación, el Estado sigue siendo cómplice. El ministro de Educación justifica las violaciones en la selva como “una práctica cultural para la construcción familiar“ y el Congreso emprende iniciativas legislativas que desprotegen a niñas, niños y adolescentes. Advierten que Proyecto de Ley perpetuaría la violencia sexual al proponer obstaculizar la Educación Sexual Integral.
En ese sentido, la docente Andrea Regalado subraya que la ESI brinda herramientas para prevenir cualquier tipo de violencias. Su censura, incrementaría los riesgos de desinformación y, por ende, los casos de embarazos no intencionales; además los estereotipos de género continuarán afectando el bienestar y desarrollo de ciudadanos/as críticos/as y responsables.
“La ESI no solo ofrece información clave sobre salud sexual y reproductiva como normalmente se piensa, sino que también fortalece el autoestima, enseña habilidades para la vida como lo son la toma de decisiones informadas y el respeto mutuo”, apunta Regalado, quien también hace un llamado a la formación de docentes para garantizar que la ESI sea impartida de manera adecuada y sin sesgos.
Así lo confirma Yrina Barriga, madre de familia y activista, quien señala que implementar la ESI en su familia ayudó a mejorar la comunicación y a fortalecer la autonomía de su hija: “nos ha ayudado a establecer límites, conversar abiertamente sobre los cambios emocionales y físicos que se experimentan a medida que crece. Además ha servido para identificar situaciones que no le agradan y a replantearse sus vínculos”.
Las voces de las adolescentes también se hacen escuchar. Lilian, integrante del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes (CCAJ) de Quinta Ola, comparte su experiencia personal: “Crecí en una familia conservadora que evitó hablar sobre estos temas por miedo y desinformación. Esto me dejó, y a muchas otras adolescentes, sin las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos relacionados con la sexualidad”.
Mientras el Congreso aprueba leyes que favorecen a personajes como el exjuez César Hinostroza, involucrado en la negociación con violadores de niñas, nuestras infancias y adolescencias quedan expuestas a un sistema que no protege sus derechos. Ante ello, el informe técnico-legal de crESIendo es un llamado urgente para que se detenga esta ofensiva contra la ESI en Perú.
