La actividad constructora disminuyó 12.4% en marzo, tres décimas más de lo proyectado en el IEC 64. En abril, CAPECO estima una contracción sectorial de 10.6%. El país necesita que la construcción crezca para reducir la pobreza y la informalidad.
La construcción acumula un cuatrimestre completo a la baja, a un ritmo de 10.8%, lo que va en línea con el desempeño de la inversión privada que se habría contraído alrededor de 12% en el primer trimestre de 2022, de acuerdo con el BCR. La inversión minera se retrajo 19.2% entre enero y marzo 2023, mientras que los créditos hipotecarios disminuyeron en 24.8% en dicho periodo y las ventas de viviendas nuevas en Lima Metropolitana lo hizo en 23.5%.
CAPECO: El país necesita que la construcción crezca para reducir la pobreza y la informalidad
También el empleo en construcción se redujo en la capital (4.6%) en el trimestre móvil febrero – abril 2023, pero el trabajo formal tuvo un mayor retroceso (5.8%) en dicho periodo. Precios de materiales cayeron 0.5% en marzo, pero son 27.9% más altos que antes de la pandemia. Será muy difícil remontar este desempeño sectorial para este año. Pero el acceso a la vivienda formal, la promoción de los proyectos mineros y de la inversión privada en infraestructura son claves para revertir incremento de la pobreza y de la informalidad.
De acuerdo al análisis del último Informe Económico de la Construcción, la pandemia del COVID 19, la larga crisis política que vive nuestro país, un frente externo complicado por conflictos comerciales y militares y la recurrencia de fenómenos naturales severos han reducido las tasas de crecimiento productivo. En este contexto, la inversión, la producción y el empleo se contraen y el sector construcción es uno de los más afectados en el primer cuatrimestre del 2023, poniendo cuesta arriba las posibilidades de una recuperación en lo que resta del año. El país necesita que la construcción crezca para reducir la pobreza y la informalidad.
Sobre el incremento de la pobreza e informalidad en el país, CAPECO estima que el producto bruto de la construcción se ha retraído 10.8% entre enero y abril del 2023, sumando cuatro meses consecutivos a la baja a un ritmo de dos dígitos en todos los casos. El INEI ha calculado una contracción de 12.4% de la producción sectorial durante el mes de noviembre, a consecuencia de una reducción de 15.3% en el consumo de cemento (sumando siete meses consecutivos a la baja) y de 3.0% en el avance de obra pública, en lo que constituye el primer resultado negativo de este indicador desde mayo del 2022. Para el mes de abril, se espera otra caída de la actividad constructora (-10.6%), debido a una nueva disminución en el consumo de cemento de 17.3% – la tasa más alta desde junio del 2020 – y pese a la recuperación de 9.1% en la obra estatal. En el primer trimestre de este año, este sector experimentó el peor resultado (-11.5%), seguido de las telecomunicaciones (-9.4%), de las actividades financieras y de seguros (-6.6%), manufacturera (-0.3%) y agrícolas (-0.2%).
De otro lado, de acuerdo al gremio, en el primer cuatrimestre de este año se invirtieron 9,121 millones de soles de los presupuestos de inversión pública, constituyendo un nuevo récord histórico y un alza de 9.1% respecto al mismo periodo del 2022. Sin embargo, tal y como viene ocurriendo desde el inicio del 2023, la ejecución de las municipalidades fue deficitaria al cierre de abril, contrayéndose en 19.2%. En general, transcurridos estos primeros cuatro meses del año se ha ejecutado un 14.8% del dinero asignado para inversiones, el tercer mejor desempeño de los últimos catorce años, luego del 15.9% del 2021 y del 15.4% del 2014. El país necesita que la construcción crezca para reducir la pobreza y la informalidad.
El desembolso de créditos hipotecarios se ha retraído en 24.8% al cierre del primer trimestre, lo que se explica por la drástica disminución de 34.4% en los préstamos otorgados por las instituciones financieras con sus propios recursos, aunque también las operaciones fondeadas por Mivivienda S.A. sufrieron una leve caída de 0.5% y alcanzaron una participación de 37.3% en el otorgamiento de estos créditos, nueve puntos porcentuales más que en el periodo enero-marzo del 2022 (Ver Anexo 1).
“Es necesario que el Ministerio de Vivienda ejerza su atribución de ente rector nacional en materia de urbanismo y desarrollo urbano, para promover la vivienda social en todas las áreas urbanas en las que sea posible, y muy especialmente en los distritos de estratos medios y medio-altos de Lima y de las principales ciudades del Perú”, indicó Guido Valdivia en su último Informe Económico de la Construcción (IEC #65). “Se debe asegurar los recursos necesarios para maximizar los niveles de operación de los programas Techo Propio y Mivivienda, que podrían alcanzar un nuevo récord el presente año” explicó.
Por otro lado, las grandes obras públicas relacionadas al transporte formal en Lima Metropolitana y ciudades al interior de país, y también las privadas como el Mega-puerto de Chancay (Ver Anexo 2), pueden brindar soporte y ayudar a la recuperación de sector. “El financiamiento de estos grandes proyectos de infraestructura vial requiere la participación de gestores privados con experiencia y buena reputación, y para la recuperación de estas inversiones es indispensable fijar tarifas de peaje razonables”, explicó Guido Valdivia. El país necesita que la construcción crezca para reducir la pobreza y la informalidad.
“Es innegable que prácticamente todos los segmentos de la actividad constructora se encuentran en una situación complicada, que necesita ser enfrentada con sentido de urgencia, mente abierta y voluntad de diálogo entre los diferentes actores vinculados al sector”, señaló Valdivia. El Director Ejecutivo de CAPECO también indicó que se requiere diferenciar las iniciativas de corto, mediano y largo plazo, que servirán para la reactivación de los proyectos en marcha.
Anexo 1:
Para CAPECO es necesario vincular las políticas de vivienda, desarrollo urbano e infraestructura con las estrategias nacionales para la reducción de la pobreza y la informalidad en el país. Para lograrlo proponen:
- Otorgar a la política habitacional y de mejoramiento urbano el mismo nivel de relevancia para la superación de estas condiciones sociales y la generación de oportunidades de progreso que se concede a la educación, la salud y la protección social. Debe quedar claro que el acceso a una vivienda adecuada, la integración social y espacial de los barrios urbanos marginales y de las comunidades rurales son vitales para salir de la pobreza, acceder a los beneficios de la formalidad y reducir la conflictividad social. Además, es imprescindible que se sepa que las inversiones estatales en vivienda son muy eficientes, tienen un efecto multiplicador en la inversión y el empleo, y tienen un retorno rápido a través de los tributos de la actividad constructora formal y los ahorros que se producen en la provisión de servicios públicos.
- Reconocer que la dotación de infraestructura moderna y eficiente, además de contribuir con la mejora de la competitividad de las actividades productivas en el país, sirve también para permitir que la población más vulnerable acceda a mejores condiciones de vida, reduciendo la pobreza y generando empleo formal.
- Comprender que la sostenibilidad de los megaproyectos productivos (mineros, energéticos, agrícolas) exige contar con un enfoque territorial, lo que implica vincular desde un inicio el desarrollo de tales proyectos con programas de inversión y empleo que beneficien a la población que residen en las llamadas áreas de influencia directa e indirecta.
Anexo 2:
Para CAPECO, la operación de grandes obras como el Mega-puerto de Chancay son saludables para el sector y ayudan a su dinamización; sin embargo, necesitan mayor regulación para que no afecten a las zonas de influencia. Sobre este tema en concreto, Guido Valdivia opina lo siguiente:
“La puesta en operación del mega-puerto privado de uso público por un consorcio empresarial chino-peruano generará muy significativos impactos económicos, sociales, territoriales y hasta geopolíticos para nuestro país. Aunque su construcción no obedece a un Plan Nacional de Infraestructura Portuaria y Logística como hubiera sido deseable, es innegable que la modernidad de sus instalaciones, su ubicación estratégica y su capacidad de atención reportará notables beneficios para el país y, en particular, para el Norte Chico. Sin embargo, los reclamos de ciudadanos de centros poblados de Chancay por la afectación de sus viviendas y de infraestructura urbana que se atribuiría a la construcción de un túnel relacionado con el puerto han dejado en evidencia la necesidad de compatibilizar los objetivos y alcances de estas grandes obras de infraestructura con las demandas de la población residente en su área de influencia.
Para gestionar estas diferencias es indispensable que, de forma paralela a la implementación del mega-proyecto, se ponga en marcha un Plan de Desarrollo Territorial que propicie la ocupación formal del suelo, la provisión de servicios urbanos, el fortalecimiento de la organización comunal y de los gobiernos locales, así como la generación de oportunidades de trabajo, que pueden estar vinculadas o no al mega-proyecto. Durante la formulación de este Plan, los pobladores y las autoridades deberán conocer los alcances, impactos y beneficios del proyecto, en tanto que los operadores recogerán – con anticipación y en un ambiente no conflictuado – las necesidades más urgentes de quienes serán sus vecinos.
El Plan de Desarrollo deberá incluir además un programa priorizado y consensuado de inversiones, que será consensuado con pobladores y autoridades. El Estado y la empresa promotora del mega-proyecto deberán concertar esfuerzos técnicos y financieros para gestionar estas inversiones. Bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, la empresa podría financiar la formulación de Planes, el diseño de las soluciones técnicas, la construcción de las obras y el seguimiento a la implementación de las infraestructuras, equipamientos o servicios”.
