La organización internacional de conservación marina Oceana Perú presentó esta semana la Agenda Azul Legislativa 2021-2026, un documento que contiene cinco propuestas de ley con el fin de mejorar la gestión pesquera y la conservación del mar peruano. Agenda Azul Legislativa propone cinco propuestas de ley para la conversación y cuidado del mar peruano.
“La celebración de nuestro Bicentenario y el inicio de funciones de un nuevo Congreso son oportunidades para comenzar una progresiva transformación del sector pesquero. El aporte de Oceana Perú se encuentra en una propuesta de acciones prioritarias denominada La Agenda Azul Legislativa 2021- 2026 que esperamos el Congreso de la República ponga en marcha para asegurar la sostenibilidad de los recursos y a la dinámica de nuestras actividades pesqueras”, explica Juan Carlos Sueiro, director de pesquerías de Oceana Perú.
LA AGENDA AZUL LEGISLATIVA: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA EL PERÚ
Estas son las cinco propuestas de la Agenda Azul Legislativa:
1. Actualizar la Ley General de Pesca
La Ley General de Pesca data de 1992 y en estas tres décadas de vigencia ha perdido eficacia pues la dinámica de las pesquerías ha cambiado en casi 30 años. Para Oceana Perú, la actualización de la Ley General de Pesca debe incluir la transparencia y la participación ciudadana para evaluar, hacer seguimiento y regular las normas propuestas por el Estado. Asimismo, es urgente la actualización del capítulo relacionado a la pesca artesanal y el fortalecimiento institucional.
2. Crear la Superintendencia de Fiscalización Pesquera y Acuícola (SUNAPES)
Anualmente el Perú pierde entre $260 y $400 millones por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, según datos de la FAO (2018). En el 2013, se creó el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) y se acordó crear un organismo para la fiscalización lo cual no prosperó.
“Desde Oceana Perú consideramos que es necesario concretar la creación de la Superintendencia de Fiscalización Pesquera y Acuícola (SUNAPES) como un organismo independiente de supervisión, control y sanción en el sector pesquero y acuícola que ayudaría a enfrentar el delito de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”, explica Juan Carlos Sueiro.
3. Incorporar el tráfico ilegal de especies acuáticas silvestres y la pesca ilegal en la ley contra el crimen organizado
El tráfico ilegal de vida silvestre, incluyendo las especies acuáticas, es la cuarta actividad ilegal más lucrativa en el mundo. El comercio ilícito de recursos hidrobiológicos, que va de la mano con la pesca ilegal, representa entre $4200 y $9500 millones anuales a nivel mundial.
“Por ello, desde Oceana Perú, proponemos incorporar en la Ley Contra el Crimen Organizado (Ley 30077) los delitos de tráfico ilegal de especies acuáticas de flora y fauna silvestre (artículo 308-A del Código Penal), así como la pesca ilegal. De esta manera, el Ministerio Público contará con más herramientas para hacerle frente a este delito de dimensiones internacionales”, explica el director de pesquerías de Oceana Perú.
Propuesta 4: elaborar una lista de especies de flora y fauna acuática amenazadas para el Perú
En el país, ni la Ley General de Pesca ni su reglamento reconocen que una especie acuática puede estar amenazada por sobreexplotación o pérdida de hábitat. Ambos escenarios son causados por el hombre. Esto no sucede con las especies terrestres.
Oceana plantea elaborar la primera lista de especies marinas amenazadas del Perú lo cual permitiría planificar y velar por su aprovechamiento sostenible, identificar las causas del peligro y determinar qué hacer para conservarlas o revertir su situación.
Propuesta 5: ratificar el Acuerdo de Escazú
El Acuerdo de Escazú promueve la transparencia en el Estado sobre la información y gestión ambiental y sus recursos. Promueve la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones en este ámbito. En la región, este tratado ambiental ha sido firmado por 24 países, incluido el Perú. Pero para que entre en vigor en el país debe ser ratificado por el Congreso de la República, lo cual aún está pendiente.
Los países que han ratificado el Acuerdo de Escazú son: Argentina, México, Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kiss y Nevis, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.
